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El Gobierno recortó del 78% al 16% los subsidios a la energía
En apenas un año de gobierno de Javier Milei, el Estado nacional pasó de pagar el 78% del costo de la energía eléctrica en enero de 2024 a cubrir apenas el 16% en enero 2025.
Los datos corresponden a un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y muestran la velocidad del ajuste fiscal en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a través del aumento de las tarifas de luz a hogares, industrias y comercios, pero también el efecto de la puesta en marcha del ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, el ingreso de energías renovables que reducen las necesidades de importación de combustibles y otros fenómenos propios del sistema.
En enero del año pasado el costo del sistema eléctrico (precio monómico, que incluye la compra de combustibles y el pago de una remuneración a los generadores y a las importaciones) había sido de $ 50.333 por megavatio-hora (US$ 61,50 por cada MWh), mientras que el conjunto de los usuarios pagó con sus tarifas (precio estacional) $ 11.134 -US$ 13,60-, apenas el 22,1% del total.
El Estado había aportado el 77,9% del costo mayorista de la energía con subsidios. Los hogares habitualmente abonan menos que las industrias y comercios, por el mecanismo de segmentación que reduce las tarifas para residenciales de ingresos medios y bajos.
Por aquel entonces se había sentido de lleno el efecto de la devaluación: gran parte del sistema eléctrico está dolarizado, como los combustibles -Cammesa le compra a las petroleras el gas a US$ 2,87 por millón de BTU en verano-, mientras que el traslado de los mayores costos en pesos recién se realizó en febrero 2024.
Un año más tarde, en el primer mes de 2025, el precio monómico trepó a $ 69.746 (US$ 66,83) por MWh, mientras que el estacional - trasladado al conjunto de los usuarios- ascendió a $ 58.664 (US$ 56,21).(...)
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El Gobierno recortó del 78% al 16% los subsidios a la energía
Exigen que el Gobierno se presente contra los fondos buitre en la causa de YPF
Un grupo de abogados exhortó a la Procuración del Tesoro a que defienda al país "con determinación" y "urgencia"
El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción reclamó que la Procuración del Tesoro –que agrupa a los abogados del Estado– defienda los intereses nacionales en la causa YPF, en Nueva York, donde la Argentina fue condenada a pagar uS$16.000 millones al fondo Burford.
"El plazo para hacerlo vence el próximo martes 25 de febrero de 2025", advirtió el grupo. La advertencia se debe a que la jueza Loretta Preska estableció que el país tiene tiempo hasta hoy para hacer su descargo contra los fondos buitre en el marco de la presentación que hizo la semana pasada la oNG Republican Action for Argentina (RAFA) para pedir que se revoque el fallo que condenó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.
La RAFA logró que la jueza Preska emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Eso es lo que ahora tiene para responder la Procuración del Tesoro, que dirige Santiago Castro Videla desde la salida de Rodolfo Barra. La designación de Castro Videla, el mes pasado, como jefe de los abogados del Estado generó dudas sobre la participación que tendrá en el juicio por la estatización de YPF, el pleito más costoso que enfrenta la Argentina, porque Alberto Bianchi, uno de los socios del estudio de abogados donde Castro Videla se desempeñaba, fue uno de los expertos elegidos por Burford Capital, el fondo que litiga contra el Estado por el Grupo Petersen en el conflicto. En su comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción exhortó a la Procuración del Tesoro de la Nación y a YPF SA "a ejercer con determinación la defensa de los intereses nacionales y hacer propia la presentación de la oNG Republican Action for Argentina (RAFA) en la causa tramitada en Nueva York".
Integran el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción abogados y especialistas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Firman el documento Carlos Negri, Alejandro Drucaroff, Susana Decibe, Marta oyhanarte, Horacio Moavro, Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Alberto F. Garay y osvaldo Pérez Sanmartino. El grupo advierte que la RAFA explicó "con sólidos fundamentos" y "acompañando constancias de las denuncias formuladas oportunamente por Elisa Carrió y el informe producido por la unidad de Información Financiera en 2018 por qué el fallo dictado contra la Argentina puede y debe ser anulado".
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