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ADVIERTEN SOBRE UNA OBLIGACIÓN QUE SIGUE VIGENTE Y QUE LAS ESTACIONES DE SERVICIO NO DEBERÍAN IGNORAR
Mantener la documentación al día no solo evita observaciones durante una fiscalización, sino que también fortalece la seguridad jurídica de los operadores.
Aunque fue dictada hace más de veinte años, la Resolución 25/2000 de la Secretaría de Energía continúa plenamente vigente y mantiene una serie de obligaciones que las Estaciones de Servicio no deben perder de vista. Una de las más importantes es la inscripción de los contratos celebrados con las compañías petroleras y la comunicación de cualquier modificación que altere las condiciones originalmente declaradas.
Dado que muchas relaciones comerciales incorporan anexos, adendas o acuerdos complementarios con el paso del tiempo, especialistas del sector sostienen que resulta fundamental verificar que toda esa documentación haya sido informada correctamente ante la autoridad de aplicación.
En ese sentido, el asesor letrado de la Federación de Entidades de Combustibles, Fabián Tobalo, recomendó a los expendedores realizar una revisión periódica de los contratos registrados para confirmar que reflejen con exactitud la realidad comercial vigente.
El abogado, explicó que la información presentada reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier modificación debe notificarse dentro de los diez días posteriores a su firma. La exigencia alcanza tanto al contrato de abastecimiento como a cualquier documento complementario que introduzca cambios en la relación entre la estación y la empresa proveedora.
Según indicó el especialista, muchas veces los empresarios concentran su atención en el convenio principal, pero dejan de lado acuerdos posteriores que también generan obligaciones de información. Esa omisión puede derivar en observaciones durante una inspección o ante un requerimiento de la Secretaría de Energía.
La normativa no se limita únicamente a las condiciones de suministro de combustibles. También contempla otros aspectos inherentes a la relación comercial, como los sistemas de consignación, préstamos destinados a obras o remodelaciones, comodatos de tanques, surtidores y cartelería, opciones de compra concedidas a favor de la petrolera, cláusulas de exclusividad, modalidades de entrega del producto y cualquier otra condición que forme parte de la relación contractual.
Para Tobalo, mantener actualizados estos antecedentes no representa solamente el cumplimiento de un trámite administrativo. También constituye una herramienta de protección para el estacionero, ya que permite acreditar con precisión cuáles son los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes frente a una eventual controversia o un proceso de fiscalización.
El abogado recordó que la creación del Registro de Contratos tuvo como finalidad aportar mayor transparencia al mercado de comercialización de combustibles. A través de ese sistema, el Estado pudo conocer el contenido de los acuerdos celebrados entre refinadoras y Estaciones de Servicio, controlar determinadas cláusulas y contar con información para evaluar el funcionamiento del sector.
Con el correr de los años, esa base documental se transformó en un instrumento de referencia para el diseño de políticas regulatorias y continúa siendo utilizada como mecanismo de control por parte de la autoridad competente.
Por ese motivo, Tobalo insistió en que la revisión no debe limitarse al contrato firmado al inicio de la relación comercial. Cada modificación posterior, ya sea mediante anexos, convenios específicos o instrumentos complementarios, puede alterar las condiciones originalmente declaradas y, en consecuencia, debe ser comunicada dentro de los plazos previstos por la normativa.
Finalmente, remarcó que una revisión preventiva de la documentación puede evitar inconvenientes futuros. “Es habitual que se registre el contrato principal, pero que luego queden sin informar acuerdos posteriores que modifican aspectos relevantes de la relación con la petrolera. Tener toda la documentación actualizada reduce el riesgo de incumplimientos y brinda mayor seguridad jurídica tanto para el operador como para la empresa proveedora“, subrayó Tobalo.
REVISTA FEC
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